miércoles, diciembre 4, 2019
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Base gravable de arancel e IVA en la importación de bienes desde zona franca …

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Base gravable de arancel e IVA en la importación de bienes desde zona franca al resto del territorio aduanero nacional o dentro de la misma zona franca

Se tendrá como base gravable el valor de aduana de las mercancías importadas, en el estado que se presenten al momento de la valoración, y a dicha base se le detrae el valor agregado nacional, como son el valor de las meterías primas, insumos y bienes importados provenientes de terceros países, desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio siempre que dichos productos cumplan con los requisitos de origen que se exijan, así como aquellos conceptos de que trata el inciso segundo del artículo 485 del Decreto 1165 de 2019.

De acuerdo con lo anterior, se concluye que no se incluye en la base gravable de los derechos de aduana, (aranceles), las materias primas provenientes de un país con los que Colombia tenga suscrito un acuerdo de libre comercio «TLC», cuando dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos, hasta el valor o porcentaje que se encuentre desgravado

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Comunicado de prensa No. 44 de la Corte Constitucional del 5 de noviembre de 2019

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Comunicado de prensa No. 44 de la Corte Constitucional del 5 de noviembre de 2019

  • Impuesto de normalización tributaria. Exequibles los artículos 42 a 49 de la Ley 1943 de 2018.

La Corte Constitucional decidió acoger los planteamientos ya dichos en la Sentencia C-551 de 2015.

  • Régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del territorio nacional.  Renta presuntiva. Rentas exentas. Impuesto sobre las ventas en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos. Exequibles 

Respecto del cargo en contra de los artículos 67, 68, 78, 79, 83 y 105 de la Ley 1943 de 2018, la Corte Constitucional consideró que el Gobierno Nacional cumplió con el requisito señalado en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y por lo tanto, decidió declarar exequibles, por el cargo analizado, los artículos impugnados.

En su examen, la Corte Constitucional consideró que frente a normas que establecen múltiples medidas dentro de las cuales hay algunas que ordenan gastos y beneficios tributarios y otras que establecen incrementos de tarifas, bases gravables o nuevos tributos, el análisis de impacto fiscal no puede ser aislado sino que debe ser sistemático e integral, de manera que considere la interrelación de las medidas, a fin de realizar un balance general de todo el proyecto, para cumplir, de esa
manera con el objetivo de brindar una herramienta de racionalidad fiscal para el legislador.

  • Rentas exentas del 25% personas naturales que contraten menos de dos trabajadores por un término inferior a 90 días. Exequible.

La Corte consideró que no se vulneró el principio de equidad tributaria, por considerar que el hecho de contratar a dos o más personas por más de 90 días, es un criterio razonable para diferenciar entre los ingresos que pueden ser objeto de la renta exenta del 25% prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto tributario.

  • Trabajadores independientes. Depuración de costos y gastos. Exequible condicionalmente.

La Corte reiteró el precedente de las sentencias C-668 de 2015 y C-120 de 2018 en las cuales se estableció que no es constitucionalmente admisible impedir la depuración de gastos y costos en que incurran los trabajadores independientes para obtener sus ingresos a fin de establecer la base gravable del impuesto a la renta. En ese sentido, la Corte decidió declarar la exequibilidad del artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.

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Obligación de los afiliados a un sindicato de pagar aportes parafiscales

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Obligación de los afiliados a un sindicato de pagar aportes parafiscales

Consejo de Estado deniega la nulidad del acto administrativo Nro. 201513000188981 (parcial), expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social el 11 de febrero de 2015, por medio del cual se aclara la Res. 225 del 29 de enero de 2015, en relación con la obligación de pagar aportes parafiscales para el tipo de cotizante 55 (“Afiliado participe-dependiente”) en contratos sindicales.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró:

La celebración de un contrato sindical permite diferenciar dos relaciones jurídicas distintas, pero relacionadas en virtud del contrato: (i) por una parte, el vínculo  contractual entre el sindicato o sindicatos contratistas y el tercero contratante, que tiene por objeto la prestación del servicio o la ejecución de la obra contratada, y (ii) la relación del sindicato contratista con los trabajadores partícipes en la ejecución del contrato, originada en la afiliación del trabajador partícipe al sindicato que ha celebrado el contrato sindical.

La aclaración contenida en el acto demandado relativa al pago de las contribuciones parafiscales por los trabajadores afiliados partícipes dependientes en el contrato sindical no supone la creación o imposición de un deber tributario a cargo de los sindicatos de pagar contribuciones parafiscales cuando desarrollan un contrato sindical, como si tuvieran la calidad de empleadores en un contrato individual de trabajo. La afirmación demandada se entiende como una indicación de que, si hay lugar al pago de contribuciones parafiscales a cargo del sindicato, según lo pactado entre este y el trabajador partícipe, tales pagos deben consignarse en el campo señalado.

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Descuentos por pronto pago reportados mediante Nota Crédito Electrónica a la DIAN

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Descuentos por pronto pago reportados mediante Nota Crédito Electrónica a la DIAN

La Res. 000019 de 2016 definió las especificaciones técnicas de las notas crédito que deben entregarse a la DIAN, incluyendo las referidas a las notas de anulaciones, rescisiones o resoluciones y, adicionalmente, las correspondientes a “Rebaja total aplicada” y “Descuento total aplicado”.

La entidad aclaró que la entrega de las últimas notas crédito referidas no implica modificación alguna en materia de Impuestos Sobre las Ventas y su base gravable, toda vez que las anteriores documentan los descuentos posteriores a la expedición de la factura supeditados a una condición o hecho futuro que pueda suceder o no y, y es claro, que los descuentos diferentes de los efectivos, acorde con el art. 454 del E.T., no afectan la base gravable de la factura ni el impuesto facturado.

No obstante, la entrega de dichas notas crédito a la DIAN constituyen un elemento técnico de control en materia de facturación electrónica, de la actividad productora de renta y permite diferenciar los descuentos efectivos de aquellos que no los son y no afectan la base gravable del IVA, pero que igualmente pueden ser útiles en materia de ingresos, evento en el cual, esos descuentos inciden para efectos de la definición de los ingresos devengados para efectos del impuesto de renta.

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Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, están obligados a registrarse como responsables del IVA

Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas,  los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, están obligados a registrarse como responsables del IVA

Las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas,  los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes presten servicios, están obligados a registrarse como responsables del IVA cuando el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el respectivo año supere la suma de 3.500 UVT (hoy $ 119.945.000), siempre que los recursos relativos a estas operaciones provengan de actividades gravadas con dicho impuesto.

La Corte concluyó que la diferencia de trato que se prevé en el num. 6 del párg. 3º adicionado al art. 437 del E.T. para sujetos que se encuentran en la misma situación no resulta proporcionada, por cuanto no existe una relación de medio a fin.

El aparte legal impugnado no distingue si las operaciones financieras del caso deben o no provenir de recursos percibidos en ejercicio de la actividad gravable del respectivo sujeto, por lo que una lectura literal del texto impide una relación de adecuación entre el fin perseguido y el medio utilizado, puesto que la mera superación del tope de 3.500 UVT sin distinguir el origen de los recursos objeto de las operaciones financieras correspondientes, no permite identificar la cuantía de los recursos obtenidos por una persona en ejercicio de su actividad gravada con el IVA y en tal orden, no permite identificar si existe una capacidad mayor de un sujeto respecto de otro. Para la Corte, esa ausencia de adecuación entre el medio y fin de la norma pone en evidente situación de injusta desigualdad al sujeto que ha realizado las operaciones financieras indicadas que superan el techo de 3.500 UVT sin relación con actividad gravada con el IVA. Por lo expuesto, el aparte normativo del núm. 6 del pág. 3º adicionado al art. 437 del E.T. resulta compatible con la Constitución, siempre que se entienda que las operaciones financieras a que alude deben comprender ingresos provenientes de actividades gravadas con el Impuesto sobre las Ventas, IVA.

Declarado exequible el beneficio de aplicación del principio de favorabilidad en la etapa de cobro coactivo ante la DIAN

El art. 102 demandado no establece una amnistía tributaria que configure una vulneración de los principios de igualdad y equidad tributaria, toda vez que no está condonando la obligación tributaria que debe ser pagada en su totalidad por el contribuyente, como tampoco de las sanciones por su incumplimiento. Cosa distinta es que autoriza la aplicación del principio de favorabilidad por solicitud del contribuyente, siempre y cuando se trate de obligaciones que prestan mérito ejecutivo. En este evento, se aplicarán las reducciones de las sanciones previstas en una norma más favorable, lo cual solo es posible previo el pago total de las obligaciones tributarias y de los intereses moratorios. Por tanto, se trata de una medida justificada y proporcionada a la finalidad de incrementar el recaudo tributario, de modo, que el art. 102 de la L. 1943 de 2018 fue declarado exequible, frente a estos cargos.

Los contribuyentes pueden sustentar sus actuaciones tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional con base en la ley, entendida como todas las fuentes de derecho que admite el ordenamiento jurídico colombiano.

La Corte encontró que, si bien la jurisprudencia ha precisado que el concepto de ley al que se refiere el art. 230 superior incorpora a las distintas fuentes de derecho, el texto del art. 113 prevé algo distinto para el caso particular. En consecuencia, el aparte final del art. 113 de la L. 1943 de 2018 fue declarado exequible, salvo el vocablo “solo” que se declaró inexequible, además de condicionar la exequibilidad del resto del aparte demandado a que se entienda que la palabra “ley” a que hace referencia comprende todas las fuentes de derecho que admite el ordenamiento jurídico colombiano.

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