Con la presentación esta semana de la ponencia de la reforma tributaria, se manifestó un gran esfuerzo por parte del Gobierno, en establecer rápidamente los artículos con los que determinara en forma definitiva la reforma como tal, sin embargo, se evidencia que como Estado, no es garante como autoridad constitucional.

Es así como, en el articulado final de la reforma tributaria, se evidencio la desaparición del impuesto a las bebidas azucaradas. Motivo por el cual, el gobierno nacional no tiene un criterio equitativo en demostrar autoridad para con todos sus ciudadanos. Lo anterior es producto del beneficio que se le otorga por parte del Estado a monopolios o grupos empresariales de gran peso en la economía nacional.

Sin bien es cierto que estos grupos o empresas son representantes del mercado y por tanto aportan a la economía nacional.  El gobierno Nacional debería constatar en un balanza que es mas importante si la salud pública o el emporio empresarial. Pues en términos generales, lo que en un principio parecía impulsar por parte de la nación en pro de la salud pública, gravar con un impuesto a la bebidas azucaras, termino transformándose en un hecho que evidencia los intereses ocultos que están detrás de las normas y en este caso de la Reforma tributaria.

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