Comunicado número 13 de mayo 8 y 9 de 2019

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COMUNICADO NÚMERO 13 DE MAYO 8 Y 9 DE 2019

La corte constitucional en el último comunicado hizo claridad respecto a los siguientes temas:

  • La corte constitucional precisó el alcance y los límites a la revocatoria directa de pensiones, cuando se compruebe que no se cumplen los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa
  • En el proceso de convocatoria a un concurso de méritos convergen diversas competencias que se ejercen de manera coordinada, por parte de la comisión nacional del servicio civil y la entidad donde se llevará a cabo el concurso. El jefe de la entidad puede firmar esa convocatoria como manifestación del principio de colaboración armónica
  • La corte constitucional negó la procedencia del amparo solicitado por la registraduria nacional del estado civil contra una providencia que declaró la responsabilidad extracontractual, por no cumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela
  • La formalización laboral de las madres comunitarias por medio de un contrato de carácter privado, corresponde a la potestad del legislador para establecer una u otra modalidad de contrato, acorde con los derechos y garantías mínimas de los trabajadores
  • La corte determinó que el protocolo de Madrid constituye un instrumento internacional compatible con la protección del ambiente y los principios de derecho internacional reconocidos por la constitución colombiana, dirigido a complementar el sistema multilateral que protege la región Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”
  • La ineptitud de la demanda formulada contra el plan de acción de Colombia y estados unidos para derechos laborales y el inciso segundo del art. 200 del código penal que sanciona la celebración de pactos colectivos con mejores condiciones que las concedidas en convenciones colectivas en una misma empresa, no permitió a la corte abordar un estudio y decisión de FONDO
  • El incumplimiento de los requisitos exigidos para formular una demanda de inconstitucionalidad, no permitió a la corte proferir una decisión de fondo sobre los cargos de igualdad, protección de las personas en condición de incapacidad y una presunta omisión legislativa respecto de la afiliación al régimen contributivo de salud de los padres de crianza
  • El monto de “mil millones de pesos ($1.000.000.000)” de ingresos corrientes de libre destinación, como parámetro para determinar los límites presupuestales de gastos de funcionamiento de los concejos municipales debe actualizarse, de acuerdo con el IPC
  • El incumplimiento de los requisitos mínimos que exige una demanda de inconstitucionalidad. impidió que la corte pudiera emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos formulados
  • La inconstitucionalidad impidió que la corte pudiera emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos formulados.

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Los contratos mas comunes en Colombia

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LOS CONTRATOS MAS COMUNES EN COLOMBIA

En la actualidad, existen varias clases de vinculación laboral, a continuación mencionaremos las más comunes en el ámbito laboral Colombiano

  • Contrato de obra o labor, En el código sustantivo del trabajo establece que esta clase de contrato, se deberán implementar durante una actividad específica y terminara en el momento en que la obra o labor llegue a su fin o que se haya validado por las partes en el momento de inicio. No es posible con posterioridad a la celebración del contrato, cambiar su objeto, adicionarlo ni prorrogarlo, por cuanto se desnaturalizaría, confundiéndolo con el contrato a término indefinido ya que cuentan con los mismo beneficios legales. 
  • Contrato civil por prestación de servicios, La remuneración se acuerda entre los intervinientes y no genera subordinación laboral ni obligaciones sobre las prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar pues se caracteriza por la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, esto significa que dispone de una discrecionalidad en cuanto concierne al objeto contractual dentro de un plazo establecido por las partes. Entonces, se contrata para realizar una actividad determinada pero sin estar sometido a la voluntad del empleador. 
  • Contrato a término fijo, Este tipo de contratos se caracteriza porque la ley taxativamente estipula que debe ser siempre por escrito pues debe existir la certeza de su duración, de lo contrario se consideraría un contrato a término indefinido, y su renovación no podrá ser superior a 3 años, pero podrá ser renovable indefinidamente; si ninguna de las partes antes del vencimiento avisara por escrito su terminación (30 días de anticipación) este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. Pero, si el termino fijo es inferior a un año únicamente podrá prolongarse el contrato hasta por 3 periodos iguales, y no podrá ser inferior a 1 año. Adicionalmente, gozando de todas las prestaciones que protegen al trabajador (cesantías, vacaciones, primas) 
  • Contrato a término indefinido, Se caracteriza por no tener fecha de terminación ni duración establecida Este contrato se puede pactar por un tiempo determinado y por una labor transitoria u ocasional; generalmente en el contrato no se establece fecha de duración y debe deducirse. Se podrá terminar por manifestación voluntaria de las partes ya sea con o sin justa causa, o por acceso a la pensión. El empleado goza de todas las prestaciones sociales adquiriendo todos los beneficios que ofrece la ley. Si se terminase sin justa cause se deberá pagar la respectiva indemnización.
  • Contrato de aprendizaje, Es una figura contractual especial, está enfocado a la formación de practicantes del SENA, universidades u otras institutos educativos, para fomentar el aprendizaje y puedan realizar su etapa practica de formación y que cuente con la posibilidad de incluirse al mundo laboral, remunerando con un auxilio de sostenimiento que no constituirá salario y dependiendo completamente de un convenio entre ambas partes. Cualquier empresa podrá contratar aprendices, pero esta facultad no siempre será optativa algunas veces la ley obliga a las empresas. La duración máxima que puede tener un contrato de aprendizaje es de 2 años según lo dispone el artículo 30 de la ley 789 de 2002; esos dos años pueden ser continuos o discontinuos, y una vez alcanzado el tiempo máximo de duración, no se puede firmar otro contrato de aprendizaje con la misma empresa ni con otra distinta sobre la misma actividad. 
  • Contrato ocasional, accidental o transitorio de trabajo, No puede ser superior a los 30 días y debe ser por una labor específica diferente a la que ejerce normalmente el empleador, diferente a las actividades comunes de la empresa, es decir va orientado a satisfacer necesidades extraordinarias de la empresa, para justificar la brevedad de su vinculación. Al estar regulado en el código sustantivo de trabajo incorpora los mismos elementos esenciales de un contrato de trabajo que estipula el   articulo 23 C.S.T. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial.

 

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Florez 

VALIDEZ DE LOS TIQUETES POS

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VALIDEZ DE LOS TIQUETES POS

A partir del 1 de enero de 2019 la Dian indico que los tiquetes expedidos por máquinas registradoras bajo el sistema POS no tenían aceptación fiscal como soporte de costos, deducciones, e impuesto de IVA descontable, pero en el concepto 4834 de 2019 expreso lo contrario. Esto significa que no hay una línea clara en la entidad ya que han reconsiderado su postura ante la dificultad de cortar de raíz la utilización de estos documentos para el soporte fiscal de las transacciones financieras.

Esto genero muchas controversias, pues era necesario esperar a que se expidiera reglamentación sobre el tema, pues el párrafo transitorio primero del articulo 616-1 del ET modificado por el articulo 16 de la ley 1943 de 2018, se refiere a que esta limitación afecta solamente el funcionamiento y operación de facturación electrónica (la cual funciona como validación posterior pero se deberá cambiar a validación previa) por lo tanto no hay conexión entre el parágrafo 4 y la nueva versión del parágrafo transitorio 1.

Pero el 27 de febrero de 2019 en el concepto 4834, aduce que en el parágrafo transitorio del artículo 616-1 del ET prevé un régimen de transición en la implementación de la facturación electrónica que una vez reglamentada se podrá poner en vigencia.

La Dian concluye que conforme a lo dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 16 de la ley 1943 de 2018, hasta que no se produzca la reglamentación, el documento equivalente POS tiene plena validez para solicitar costos y deducciones en el impuesto sobre renta y descontables de IVA. Entonces, así será hasta que se expida una reglamentación sin que ello anule la posibilidad de la entidad para fiscalizar sobre todos los documentos de soporte, así cuando tenga que probarse que las transacciones, costos e impuestos descontable no existen, puedan rechazarlos.

La Ley de financiamiento 1943 de 2018 realizó modificaciones a la normatividad disponible sobre la implementación de la factura electrónica, eliminando el texto del artículo 616-1 del ET en el que se incluía como obligados a facturar electrónicamente a partir del 2019 a todos los responsables del IVA y del INC del régimen común.

Entendiendo que muchas cadenas de supermercados y otros negocios grandes del país utilizan este sistema POS para soportar sus ventas, y que genera una gran dificultad para la implementación de una factura de venta a todos los que además del soporte POS solicitaban factura de venta a nombre del comprador.

Entonces, esta medida va en pro del contribuyente, esperando que todas las implementaciones correspondientes no generen problemas a los empresarios de Colombia, buscando nuevas alternativas y procedimientos para los que venden con sistemas POS.

Ver mas: https://cijuf.org.co/normatividad/concepto/2019/concepto-000481.html

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Flórez

 

¿Cómo funciona el crowdfunding?

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¿Cómo funciona el crowdfunding?

El Decreto 1357 de 2018 Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa, regulo la actividad de crowdfunding mediante emisión de valores en el país. De acuerdo a lo establecido por organismos internacionales coinciden en el potencial del mismo, en la profundización financiera al permitir la simplificación de procesos operativos y al acceso a fuentes de financiamiento por actores específicos de mercado.

Por ello se generó la reglamentación respectiva para la creación de la actividad financiera colaborativa, como reglas de revelación de información, estándares operativos y de funcionamiento de la infraestructura de la actividad, mecanismos de protección de receptores y aportantes de las financiaciones, así como reglas de prevención de lavado de activos y administradores de conflictos.

Ésta se vale de una plataforma electrónica mediante la cual se contacta a aportantes con receptores con residencia Colombiana, que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo de inversión, con el fin de obtener una rentabilidad.

Solo pueden desarrollar actividades de este tipo de crowdfunding en el país las sociedades constituidas en Colombia que cuentan con la autorización de la Superintendencia Financiera.

Las sociedades anónimas también pueden utilizar el crowdfunding cuando tengan un objeto social exclusivo, bolsas de valores o sistemas de negociación habilitados para estos fines. Estas sociedades, además, deben estar autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia e inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores.

Para desarrollar la actividad de crowdfunding la sociedad debe contar con un reglamento de funcionamiento de la actividad y establecer mecanismos de control interno. Así mismo, debe proveer información al público sobre las características generales de los proyectos productivos, las condiciones financieras bajo las cuales se otorga su financiamiento y cualquier actualización o información adicional que reporte el receptor de los recursos.

Los “aportantes no calificados” no pueden aportar más de 20% de sus ingresos anuales o su patrimonio, lo que resulte mayor. Y los aportantes calificados son organismos financieros extranjeros que cuentan con un patrimonio igual o superior a 10.000 smmlv, un portafolio de inversión en valores iguales o superiores a 5.000 smmlv y una certificación de operador expedida por un organismo de autorregulación y vigilancia de la superintendencia financiera.

Deben cumplir con los siguientes requisitos los receptores del recurso:

  • No podrán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
  • Deben proveer información al público respecto del proyecto a financiar, y cualquier detalle que modifique los datos financieros, planes de negocio, riesgos del proyecto o cualquier derecho de los aportantes
  • Pueden recibir un máximo de 3.000 smmlv o en el caso de aportantes calificados 10.000 smmlv

Las sociedades tendrán un periodo de seis meses para obtener los recursos correspondientes al porcentaje mínimo necesario para financiar el proyecto. De no alcanzar esta meta, la sociedad deberá devolver los fondos obtenidos en un plazo máximo de 30 días.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87770   

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Flórez 

Lo que se pretende de la revisoría fiscal

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LO QUE SE PRETENDE DE LA REVISORÍA FISCAL

Con el proyecto de la superintendencia de sociedades del nuevo código de comercio, se abre la posibilidad de grandes cambios en la revisoría fiscal que generara varias repercusiones en el mundo de la constitución de sociedades, esbozando con la aparición del decreto 302 de 2015, el cual contiene lo relacionado a las normas de aseguramiento de la información donde vuelven a aparecer los contradictores de las NIIF, buscando culpar a la globalización de la crisis a la que se enfrenta la profesión contable.

Pero existe un modelo deontológico de la revisoría fiscal que nace de la lucidez que manifiesta la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Advirtiendo que el revisor fiscal, su función de vigilancia trasciende asumiendo en su máxima expresión el seguimiento de los intereses económicos de la comunidad entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas si no la empresa en general y naturalmente al estado. La definición de la Corte Constitucional es determinante frente al postulado constitucional del Estado social de derecho y le exige al revisor fiscal que se reconozca como un ser actuante y decisivo en su construcción.

El revisor fiscal ha sido atraído por el interés particular y las condiciones que establezca la entidad para ser nombrado, pues si bien su elección por la asamblea depende de la estructura del capital, en donde  es claro que cada accionista emite tantos votos como acciones tienen la sociedad. El revisor fiscal ha terminado por ser un rehén de las mayorías, proponiendo él como solución que el revisor no sea elegido por los accionistas mayoritarios.

Para buscar que el desarrollo la Corte Constitucional cambia la idea de la revisoría fiscal, proponiendo una fórmula nueva para su elección en donde cada accionista solamente tendrá un voto, el suyo propio, el de su persona, y también podrá emitir un voto por cada accionista que represente, también independiente del número de acciones del representado. Así, se lograría que cada accionista, mayoritario o minoritario, participara en igualdad de condiciones para nombrar al revisor fiscal y la elección de éste sería totalmente neutral frente a las mayorías de capital, pudiendo  tener una independencia a la hora de tomar decisiones y desarrollar su oficio en condiciones más óptimas.

Con esto se lograra democratizar efectivamente la elección de la revisoría fiscal, se lograría que los inversionistas, los empresarios, los administradores, los trabajadores, y la comunidad se beneficien de una elección justa en el que cada uno haga su trabajo de la mejor manera.

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Florez 

¡EL REGIMEN SIMPLE ES MUCHO MAS LLAMATIVO AHORA!

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¡EL REGIMEN SIMPLE ES MUCHO MAS LLAMATIVO AHORA!

La DIAN dedicara más beneficios para el régimen simple, pues el gobierno anterior no logro más de una docena de inscritos. Actualmente, sin formalizar esta campaña hasta el 12 de mayo ya iban 515 inscritos.

El cambio al régimen simple se podrá efectuar hasta el 31 de julio de 2019 para acogerse a los beneficios que el mismo establece, pues genera una fuerte reducción en todos los impuestos a pagar, ya que este régimen está hecho para empresas y personas emprendedoras que cuenten con ingreso hasta de 2.741 millones de pesos al año, generando así una gran aceptación por los pequeños y medianos empresarios y profesionales independientes. A los informales también les conviene este régimen pues se formalizarían y serian visibles para muchos beneficios que permitan el crecimiento de su actividad económica.

Entonces, esta implementación va por un buen camino pues los 3 millones y medio de empresarios que existen en Colombia, se cree que podrá mejorar sus relaciones de negocios con esta herramienta que beneficiaría a la mayoría. A la fecha  hay 1.500 inscritos, lo que, es una muestra de interés frente a la formalidad que representa este régimen y los beneficios para los bolsillos de los empleadores.

La firma Touché Asesores, señala que “para una empresa pequeña, que se encarga de hacer revisoría fiscal, por ejemplo, suponiendo que tenga ingresos anuales de 120 millones de pesos, resulta más favorable el régimen simple, puesto que tendría mayor capital de trabajo al liberar una caja de 1’220.000 bimestralmente, es decir, lo que le dejarían de retener sus clientes por haberse acogido a este régimen
Según agrega el contador, “con respecto a la declaración anual, esta empresa tendría un ahorro de 7’560.000 pesos, considerando el valor del impuesto antes de retenciones”.

La ley de financiamiento, establece que al acogerse al régimen simple el ciudadano deja cubiertos, en uno solo, el impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo y el municipal de industria y comercio. De igual manera, a los beneficiarios de este esquema no les practicarán retenciones en la fuente a título de renta, ni deberán hacer retención ni autor retención a título de renta, a menos que se trate de un pago laboral.

Tarifas establecidas:

1. Tiendas pequeñas, peluquerías y similares: tarifas de 2 a 11,6 %.
2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y mecánicos,
actividades industriales, entre otras, tienen tarifas de 1,8 a 5,4 %.
3. Servicios profesionales, de consultoría y servicios de profesiones liberales. Tarifas: de 4,9 a 8,5 %.
4. Actividades de expendio de comidas y bebidas, y actividades de transporte. Tarifas: del 3,4 % hasta el 7 %.

Es recomendable efectuar el análisis de los beneficios, los costos, las tarifa, el monto de la retención en la fuente que le practican y renta líquida anual proyectada (utilidad fiscal) porque estas son las variables que más deben influenciar.

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Florez 

Cambios relevantes en el IVA después de la Ley de Financiamiento

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CAMBIOS RELEVANTES EN EL IVA DESPUES DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO

La ley de financiamiento 1943 de 2018 entro en vigor realizando importantes cambios en materia de IVA e INC (impuesto nacional al consumo) aplicables a partir de enero de 2019. Algunos de sus importantes cambios son los siguientes:

Las modificaciones a los articulas 424, 426, 468-1,476 Y 477 del Estatuto Tributario provocaron que 6 bienes y 13 servicios sufrieran un cambio en su clasificación frente al IVA. Así mismo, algunos bienes que estaban gravados con IVA pasaron a estar grabados con INC (impuesto nacional al consumo). Adicionalmente, la derogatoria de los artículos 430 y 446 y la modificación del artículo 475 del ET, provocaron que las cervezas de producción nacional al igual que las gaseosas y otras bebidas (nacionales o importadas) pasaran de estar grabado con IVA monofásico a plurifásico.

Cabe destacar, que las modificaciones de los artículos 437,499,505,506,507,508-1 y 508-2 del estatuto tributario provocaron los siguientes cambios:

Las antiguas expresiones Régimen Común y Régimen Simplificado son simplemente remplazadas por las de responsables del IVA (aquellas que hacen alguna operación gravada con IVA y que si deben facturarlo o cobrarlo) y no responsable de IVA (aquellas personas naturales que realizan alguna operación gravada pero que cumples los 9 requisitos del párrafo 3 del art 437 del ET, y por lo tanto no tienen que facturar ni cobrar IVA) respectivamente, se les exigirán los mismos requisitos que aplicaban hasta el año gravable 2018, y deberán acogerse al régimen simple (art 903 al 916 del ET modificado con el artículo 66 de la ley 1943 de 2018). A los no responsables de IVA se le podrá llamar esporádicamente en el grupo de responsables del IVA cuando la DIAN analice sus costos y gastos. Ya no se necesita que figuren inscritos en el RUT, ni que lo exhiban en su establecimiento de comercio.

A quienes deseen pasarse del grupo de “responsables del IVA” al de “no responsables del IVA”, ya solo se les exigirá haber permanecido un (1) año y no tres en el grupo de “responsables del IVA”.

Igualmente, la derogación de los artículos 115-2, 258-2 y 491 del Estatuto Tributario, al igual que la creación del artículo 258-1 del Estatuto tributario a través de los artículos 83 y 122 de las Ley 1943 de 2018, provocaron los siguientes cambios importantes en el tratamiento del IVA en la compra de activos fijos a partir de enero de 2019.

Cuando se compren simples activos fijos que no correspondan a bienes de capital, los responsables del IVA lo deberán llevar a las declaraciones como descontable. Las personas no responsables de IVA lo tendrán que seguir tratando como un mayor valor del activo y someterlo a depreciación fiscal. Cuando se compren activos fijos que si correspondan a bienes de capital, solo el responsable del IVA es quien tiene la opción de tratar dicho IVA, ya no como una deducción o gasto en el impuesto de renta sino como un descuento en el impuesto de renta.

Si no se acoge a dicha opción entonces lo tendrá que dejar como un IVA descontable en sus declaraciones del IVA. Por su parte si este tipo de activos lo compran los no responsables de IVA y los no sujetos al IVA. Siempre tendrán que dejarlos como mayor valor del activo y someterlos a depreciación.

Redactado por: Jonathan Pedrozo

CONTROL CONSTITUCIONAL

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CONTROL CONSTITUCIONAL

Entendiendo que el control de constitucionalidad es la reunión de procedimientos que están destinados a hacer efectiva la supremacía de la constitución, comprendiendo esta como la norma del ordenamiento jurídico que establece reglas, principios y valores, se puede mencionar que existen unas modalidades de este control, que se basan en la democracia que tiene un país y como se estructura la misma. Garantizar los derechos individuales, el establecimiento de elecciones periódicas y la garantía del sufragio, son algunas de las características que tiene una democracia dentro de una sociedad, que conlleva al ejercer el derecho que toda persona y especialmente en nuestro país obtiene por pertenecer a este.

“La asunción de la supremacía de la constitución y su carácter normativo implican el tránsito a un modelo inverso, aquel en el que la enseñanza y la aplicación del derecho están regidas por la constitución, donde los casos sean resueltos por jueces, primero desde la constitución y luego desde la ley”, (QUINCHE, 2013)

Esto lo que quiere decir es que la supremacía de la constitución nos da a entender la importancia que tiene la carta política sobre todos los derechos que en ella se encuentran, para evitar que una norma que sea creada o sea aplicada, no vaya en contra de la carta magna sino que se desglose de ella la correcta aplicación de la norma.

El control de constitucionalidad de las leyes en el Estado colombiano se concentra en la Corte Constitucional, quien es la que actúa  a solicitud de cualquier ciudadano colombiano, aunque también puede actuar de oficio. La Corte se manifiesta a través de dos formas básicas, la primera es la declaratoria de inexequibilidad o inconstitucionalidad simple y la segunda es la declaratoria de exequibilidad o constitucionalidad simple. En la primera, la Corte actúa como un legislador negativo, ya que se limita a expresar que la disposición o norma objeto de revisión no se ajusta a la Constitución, la segunda forma se aplica como una manifestación de que la disposición o norma revisada sí se ajusta a la Constitución, por tanto, debe continuar formando parte del ordenamiento jurídico.

“Para el caso colombiano, el control judicial a las leyes, acogió una noción de democracia constitucional muy comprometida con aspectos sustanciales, que procuran la garantía y el equilibrio entre derechos fundamentales y el proceso democrático. Porque a partir de la Constitución Política de 1991, la Corte Constitucional ha ejecutado una notable labor en defensa de los derechos de las mayorías y de las minorías. (GERARDO DURANGO, 2015)”

A lo largo del tiempo se ha reflejado un cambio en lo que es ahora la democracia, puesto que las modernas se caracterizan por tener una tradición de defensa de la constitución por medio de la anulación de las normas que resultan ser contrarias a los derechos que se encuentran en las constituciones de cada país. El sistema de control constitucional es democrático, ya que consagra la acción pública para acudir a un órgano jurisdiccional a fin de que se pronuncie sobre la validez de una forma que se considera violatoria de la corte fundamental.

Existen también ciertas preocupaciones por la legitimidad del control constitucional  y estas se basan en el posible carácter no democrático de permitir que jueces que no han sido elegidos  puedan decidir si retiran o no leyes del ordenamiento jurídico. En este caso en Colombia estas preocupaciones se convierten en desacuerdos que se presentan en casos como el proceso de paz, el concordato entre estado e iglesia, entre otros.

La legitimidad hace referencia a la capacidad que tiene un sistema de generar respaldo para la implementación de las leyes, aun así de quienes hicieron campaña en contra de esas leyes, es decir, de quienes no estuvieron de acuerdo con las mismas. La legitimidad a su vez, tiene énfasis en la calidad de las relaciones entre estado e individuo, en medio de los desacuerdos políticos que existan.

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Flórez 

ANÁLISIS DE SENTENCIA T-199 DE 2018

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ANÁLISIS DE SENTENCIA T-199 DE 2018

 Accionante: Fanny Beatriz Daza (T-6.438.414)

                    Carmen Sofía Ustaris (T-6.511.989)

Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social

Contenido:

  • Fanny Beatriz Daza instauro una acción de tutela contra la UGPP por considerar que dicha decisión de la entidad vulnero sus derechos fundamentales al mínimo vital a la seguridad social, al debido proceso, y a la indexación de la primera mesada pensional al suspender los efectos jurídicos de la resolución expedida por el fondo pasivo pensional de la empresa Puertos de Colombia, por medio de la cual se indexo el valor de la mesada pensional a su favor, en el proceso penal se emitió una acusación en contra de quien expidió dicho acto administrativo.
  • Primera instancia: el proceso fue admitido por el juzgado 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá el 14 de julio de 2017, y negó el amparo solicitado con fundamento en que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable y además contaba con otros medios de defensa
  • Impugnación: le corresponde a la sala penal del tribunal superior de Bogotá la cual solicito valorar las condiciones de edad y las afectaciones económicas. Se resolvió declarar la nulidad del fallo anterior y ordeno que en el recurso de reposición se subsanen las irregularidades
  • Segunda instancia: La sala penal del tribunal superior de Bogotá, el 13 de octubre de 2017 confirmo la decisión de primera instancia por no haber agotado los mecanismos idóneos para atacar la decisión.
  • Carmen Sofía Ustaris instauro el 4 de Agosto de 2017, una acción de tutela contra la UGPP por considerar que le violaron sus derechos fundamentales, al debido proceso y a la indexación de mesada pensional, para suspender los efectos jurídicos de la resolución expedida por el fondo pasivo pensional de la empresa Puertos de Colombia por el medio del cual se indexo el valor de la primer mesada pensional a su favor.
  • Única instancia: El juzgado 13 laboral del circuito de Barranquilla, en la sentencia del 23 de Agosto de 2017 resolvió declarar improcedente el amparo por cuanto la accionante cuenta con otros medios de defensa y en el asunto no aparece acreditado un perjuicio irremediable que permita decidir de fondo.

Problema jurídico:

¿La acción de tutela es procedente como mecanismo idóneo y eficaz para garantizar los derechos fundamentales, mínimo vital, debido proceso, e indexación de primera mesada pensional de una manera unilateral?

¿Puede la fiscalía general de la nación a través de una resolución de acusación dentro de un proceso penal, suspender los efectos de un acto administrativo que se presume legal?

¿Una administradora de fondos pensionales, vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, y a la indexación de la primera mesada pensional de un adulto mayor a suspender los efectos jurídicos de la resolución por medio de la cual se indexo el valor de su primera mesada?

Consideraciones y decisión:

  • La indexación de la primer mesada es un derecho pensional que tiene las mismas calidades inminentes de una pensión, sin importar su naturaleza y es de carácter fundamental que puede ser invocado a través de la acción de tutela porque su vulneración genera una grave afectación al mínimo vital de personas que son protegidas constitucionalmente, igualmente se ha dicho que prescriben las mesadas indexadas, mas no el derecho.

La administración no tuvo fundamento constitucional para suspender el pago de las prestaciones de carácter pensional, que ya se había reconocido si no estaban las excepciones están previstas en la ley 797 de 2003, tiene que ser mediante la autorización de un juez para suspender pagos futuros y así proteger el debido proceso.

  • La Fiscalía general de la Nación dentro del proceso penal, adopto las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de un delito (ley 600 de 2000)
  • En ambos casos se profirieron actos administrativos que crearon un sentimiento de confianza frente a su derecho pensional
  • Fanny mediante la resolución 0649 del 15 de mayo de 1997 se le reconoció mesada pensional durante 18 años
  • Carmen Sofía a través de la resolución 0639 del 15 de mayo de 1997 se le reconoció el derecho durante 20 años y le suspendieron el pago el 14 de marzo de 2017.

Resuelve:

  1. Revocar la sentencia por la cual se confirmó la decisión de primera instancia en la cual se negó la acción de tutela y conceder el amparo de los derechos fundamentales de Fanny.
  2. Ordenar a la UGPP que profiera un acto administrativo que deje sin efectos la suspensión ordenada.
  3. Ordenar la UGPP que proceda a pagar los incrementos dejados de recibir para Fanny.
  4. Revocar la sentencia proferida en única instancia por medio de la cual se declaró improcedente la acción de tutela y conceder al amparo de los derechos fundamentales de Carmen.
  5. Ordenar a la UGPP que profiera un acto administrativo que deje sin efectos la suspensión ordenada para Carmen.
  6. Ordenar a la UGPP que proceda a pagar los incrementos dejados de recibir para Carmen.

 

LINK: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-199-18.htm

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

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ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

A partir de la constitución de 1991, con la incorporación de la acción de tutela se creó una forma eficaz y facilitadora al acceso a la justicia. Se generó un cambio entre la parte dogmática, y la parte orgánica. Pues, 1986, el único mecanismo que existía para dejar sin efecto un fallo, o un acto administrativo era el recurso de revisión en donde primaba el estado o el poder, pero el cambio constitucional actual dio la protección a los derechos inherentes  a la persona priorizando el derecho subjetivo y faculto la acción de tutela para proceder en contra de cualquier autoridad pública.

Los jueces también han tenido cambios relevantes, antes, declaraban el estado de cosas que se suponían partiendo de una idea, pero ahora no solo declaran, si no que ordenan a las entidades la primacía del derecho de las personas generando un avance antropológico en donde el individuo es el centro de la sociedad y no gira entorno a conceptos abstractos. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de defensa judicial.

La acción de tutela contra providencias judiciales solo es procedente ante la existencia de una vía de hecho como mecanismo excepcional por vulneración de derechos fundamentales a fallos judiciales, lo que la convierte en una acción garantista constitutiva de elementos dogmáticos, que legítima que proceda contra providencias judiciales.

La acción de tutela se podrá autorizar en casos en los que la autoridad judicial carece de fundamento objetico, siendo sus decisiones el producto de actitud arbitraria e imparcial que vulnera derechos fundamentales de las personas incurriendo en una vía de hecho (Es una figura jurídica que implica que una decisión judicial sea contraria a la Constitución y a la Ley, desconociendo la obligación del Juez de pronunciarse de acuerdo con la naturaleza del proceso y según las pruebas aportadas al mismo) pues la norma no se puede interpretar arbitrariamente, porque se vulnera el principio de legalidad actuando contrario al ordenamiento jurídico y por lo tanto se debe proteger el acceso a la justicia de los sujetos.

Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” – Constitución Política.

Redactado por: Luisa Johanna Lopez Flórez