Para la Sala es claro que establecer el pago de una contribución, tomando como base gravable lo pagado por concepto de otros tributos e, incluso por la misma contribución en el periodo gravable anterior, constituye una doble tributación para un mismo hecho económico, la cual está proscrita por nuestra Constitución, en virtud de los principios de equidad y progresividad del sistema tributario
La Sala considera necesario traer a colación la jurisprudencia reiterada de esta Sección, relacionada con la facultad de los municipios para establecer el impuesto de alumbrado público en sus respectivos territorios
Con fundamento en las normas y jurisprudencia citadas para este caso, la Sala considera que el demandado, en las mismas condiciones en que se condena a la Nación y demás entidades públicas, debe reconocer intereses.
La demandante alegó que el servicio de transporte de gas está exento de cualquier impuesto municipal y departamental, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 1056 de 1953. Que, por lo tanto, no está gravado con el impuesto de industria y comercio.
En relación a la acreditación de la existencia de una relación laboral, para que se configure un contrato realidad el Consejo de Estado se ha pronunciado en varias decisiones y ha reiterado la necesidad de que cuando se trata de una relación laboral, se debe acreditar fehacientemente tres elementos
La inversión, según lo entiende la Sala de la Ley 963, se proyectaba en un escenario jurídico estable y eso supone establecer cuáles tributos se pagaban durante la vigencia del contrato. Luego, riñe con el principio de buena que el legislador (al expedir la Ley 1370) y la DIAN (cuando fijó la interpretación de esa ley) hayan desconocido la situación de los inversionistas que celebraron el contrato de estabilidad jurídica de la Ley 963, y los haga responsables y contribuyentes del impuesto al patrimonio de la Ley 1370
Para efectos del impuesto al patrimonio, no se tiene en cuenta si los aportes constituyen o no ingreso desde el punto de vista fiscal, sino, se repite, el conjunto de bienes o activos que posea la empresa al momento de causación del impuesto.
La Sala reitera que en el Distrito de Cartagena la sobretasa ambiental se liquida sobre el avalúo catastral de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial, esto es, sobre el avalúo catastral de todos aquellos bienes que son el objeto del hecho generador del impuesto, independientemente de que por disposición del municipio se los exonere del impuesto predial.
El Consejo de Estado indicó que la ausencia de daño (la causa de la reparación) torna innecesario el estudio de la imputación frente a la entidad demandada, pues es requisito indispensable para que pueda hablarse de la existencia de responsabilidad.
El Consejo de Estado resulta reitera que la tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.