El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, obedece a un diagnóstico de necesidades planteado para cubrir los requerimientos de los servidores públicos del Departamento Administrativo de la Función Pública y a su vez fomentar la promoción y prevención de la salud. Este plazo se vence el 31 de enero del 2017
De los referidos preceptos con claridad se deprende que cualquier actividad que permita en forma directa la realización del objeto social principal, se entiende incluida en éste y por ende conforma su capacidad social. En este sentido, resultaría innegable a juicio de este Despacho.
En la impugnación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sostuvieron que la actora tuvo tiempo suficiente para solicitar el pago y no lo hizo. Que, de hecho, se le amplió el plazo en varias ocasiones. Que, además, esa entidad no es la facultada para el desembolso del subsidio, pues, de acuerdo a la normativa que rige la materia, esa es una competencia del Fondo Nacional de Vivienda.
Este presupuesto se estima en la suma de doscientos veinticuatro billones cuatrocientos veintiún mil seiscientos setenta y dos millones trecientos doce mil seiscientos noventa y siete pesos moneda legal ($224.421.6723123697).
Vale decir que las empresas o entidades públicas o privadas de orden nacional, departamental, municipal o distrital que desarrollen actividades industriales y/o comerciales (como bancos, empresas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, empresas de telecomunicación, escenarios deportivos, centros recreativos, aeropuertos, mataderos, cementerios, centros religiosos, cajas de compensación, etc.) están obligadas al pago de la contribución de solidaridad sobre el valor del consumo del servicio y las empresas que les prestan el servicio deben facturarla y recaudarla
Así es como, que los actos que generen ingresos relacionados con la constitución de servidumbres se encuentran gravados con el impuesto de renta y complementario y se someten a retención en la fuente cuando quien realice el pago por estos conceptos tenga el carácter de agente retenedor.
No sobra precisar que este mecanismo solo aplica para el periodo fiscal en que el usuario industrial de zona franca es calificado como tal, de tal suerte que en los periodos subsiguientes la base gravable en renta solo deberá corresponder a ingresos obtenidos del ejercicio de su actividad dentro de la zona franca.
Si bien por regla general en materia pensional las normas aplicables son aquellas que se encuentran vigentes cuando se estructuran los supuestos fácticos, lo cierto es que deben tenerse en cuenta las expectativas legítimas de quienes cumplieron los requisitos para acceder a las prestaciones de un régimen antes de que fuera derogado.
No se puede pretender que se endilgue la responsabilidad de la falta de respuesta a una de sus dependencias, cuando es esa entidad quien con independencia de sus trámites administrativos internos debe cumplir con sus obligaciones legales en respeto a los derechos fundamentales; mucho menos, cuando ni siquiera acreditó que efectivamente remitió el oficio a la dependencia competente.
Asunto No.52 «BILLETES DE $2.000» del Manual de Tesorería. Mediante la citada Circular estamos informando que a partir del 29 de noviembre de 2016,