De los referidos preceptos con claridad se deprende que cualquier actividad que permita en forma directa la realización del objeto social principal, se entiende incluida en éste y por ende conforma su capacidad social. En este sentido, resultaría innegable a juicio de este Despacho.
Vale decir que las empresas o entidades públicas o privadas de orden nacional, departamental, municipal o distrital que desarrollen actividades industriales y/o comerciales (como bancos, empresas de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, empresas de telecomunicación, escenarios deportivos, centros recreativos, aeropuertos, mataderos, cementerios, centros religiosos, cajas de compensación, etc.) están obligadas al pago de la contribución de solidaridad sobre el valor del consumo del servicio y las empresas que les prestan el servicio deben facturarla y recaudarla
Son las entidades destinatarias de la parafiscalidad como a la DIAN, las llamadas a determinar con precisión el alcance como la forma de aplicar las preceptos que establecen los estímulos a las pequeñas empresas que inician su actividad económica
La sociedad en un momento dado le resulta imposible cumplir con el requisito legal aludido y obviamente, se encuentra jurídica y contablemente probada la imposibilidad de sufragarla, no podrá ser obligada a constituir la reserva dentro de procesos de liquidación voluntaria
En consideración con lo anterior, las unidades de servicios públicos domiciliarios comparten personalidad jurídica con el municipio y, en ese sentido se colige que este tipo de entidad territorial comporta una persona prestadora de servicios públicos domiciliarios a través de su administración central; luego para efectos de determinar la responsabilidad en la prestación del servicio -que es el supuesto sobre el cual esta superintendencia adelanta sus actividades de inspección, vigilancia y control-, el hecho de que se encuentre adscrita al despacho del alcalde o a una dirección o secretaría no incide, en tanto se verifica que la independencia o identidad con la personalidad jurídica del municipio
En consecuencia, tenemos que las acciones en que está dividido el capital de una compañía, incluida una sociedad por acciones simplificada, son unidades completas; el capital tanto para efectos legales como contables, es la suma de tantas partes alícuotas como se acuerde previamente, teniendo en cuenta el valor nominal que se le haya asignado a cada acción
Ahora, si la finalidad es establecer si los accionistas pueden enajenar a título gratuito o de donación las acciones que suscribieron, es pertinente indicar que ello es perfectamente viable, puesto que las acciones hacen parte del patrimonio individual, del cual puede disponer libremente, de suerte que resulta indiferente que la sociedad tenga ánimo de lucro.
Superintendencia puede adelantar investigaciones administrativas sobre las sociedades, con el fin de verificar la ocurrencia de irregularidades, y establecer tanto los correctivos como las responsabilidades por parte de los administradores o los revisores fiscales de las compañías, siempre que no sean sujetos de vigilancia de la Superintendencia financiera de Colombia.
Importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores de juguetes para niños, dispositivos electrónicos o vehículos, entre otros productos que puedan o hayan causado perjuicio a la salud, tendrán hasta 3 días calendario, a partir del momento en que conozcan el caso, para reportar este tipo de bienes inseguros ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
El análisis que realiza la superintendencia, concluye que las disposiciones sobre publicidad engañosa le son aplicables a las redes sociales cuando actúan como anunciantes.