Después de semanas de especulaciones y debates tanto en medios como en las calles donde hubo intervenciones de todos los sectores, de si iba o no el impuesto a las gaseosa, o si sería acaso a las bebidas alcohólicas, que si los pobres pensionados tendrían que pagar renta sobre sus mesadas, o si los huevos y los tomates tendrían IVA o no, etc. por fin el día de hoy se iniciara la votación en el congreso a la renombrada Ley de Financiamiento para el Presupuesto General de la Nación de 2019 que modificaría el actual Estatuto Tributario.
Entre tantos “ires y venires” con los desacuerdos de los estudiantes, de los ganaderos, los azucareros, los empresarios promotores del espectáculo y la cultura; La corta y ajetreada agenda del recién posesionado Congreso que ha tenido que lidiar con: reforma política, a la justicia, consulta anticorrupción, sumado a los afanes de las discusiones del salario mínimo para el 2019 de las vacaciones, aguinaldos, la natilla y los buñuelos y el poco tiempo que queda del año, lo mejor que podría pasar con esta reforma es que no sea apoyada por el Congreso.
Lo anterior ya que está claro que el país requiere con un urgencia una reforma tributaria pero esta debería ser estudiada de manera concienzuda, pues la que está en votación no le hace justicia a nadie, los problemas del país no se solucionaran subiendo los impuestos y menos con una propuesta como que está llena de imprecisiones como las mencionadas por el CTCP en su memorando 000028 del 6 de diciembre de 2018 o que vaya en contra de la constitución como lo afirma Juan Lozano en su opinión para El Tiempo.
Se entiende que el gobierno Duque tenga la necesidad de empezar a mostrar los resultados de su gestión y que la de su proyecto de Ley de Financiamiento es lo mejor que pudo presentar en tan poco tiempo, pero esto no es lo que necesita el país, lo que realmente necesita es que esta sea como lo reza el artículo 363 de la constitución “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”, siendo equitativa, justa y en función creciente de acuerdo a la capacidad económica de los sujetos, y que ataque de manera efectiva la evasión y no tocándole el bolsillo al ciudadano de pie como la salida más fácil.
Elaborado por: Ana María Pacheco Acosta