La omisión del empleador en el aporte de las cotizaciones al sistema general de seguridad social, no puede ser imputada al trabajador, ni podrán derivarse consecuencias adversas para esta circunstancia
Superintendencia puede adelantar investigaciones administrativas sobre las sociedades, con el fin de verificar la ocurrencia de irregularidades, y establecer tanto los correctivos como las responsabilidades por parte de los administradores o los revisores fiscales de las compañías, siempre que no sean sujetos de vigilancia de la Superintendencia financiera de Colombia.
Importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores de juguetes para niños, dispositivos electrónicos o vehículos, entre otros productos que puedan o hayan causado perjuicio a la salud, tendrán hasta 3 días calendario, a partir del momento en que conozcan el caso, para reportar este tipo de bienes inseguros ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para ahondar en razones, desde la perspectiva de lo jurídico, no basta con alegar un precedente aislado del mismo tribunal contenedor de una interpretación que favorece a los intereses del accionante, para derribar la sentencia del ad quem por aplicación del principio indubio pro operario.
Colombia se ubicó en el primer puesto del ranking mundial denominado “Microscopio Global – Entorno propicio para la inclusión financiera”, elaborado y publicado por la revista The Economist.
La Sala encuentra que con relación a la solicitud enviada por la accionante el 2 de mayo de 2015, se observa que no obra respuesta a dicha petición por parte de COLFONDOS S.A, por lo cual, se configura una violación clara al derecho fundamental de petición.
En atención a la equidad tributaria, al debido proceso y a la sentencia C-160 de 1998, la Sala considera que no es procedente mantener la sanción máxima prevista en el literal a) del artículo 651 del ET, pues lo cierto fue que el actor entregó la información exógena del año 2007, con ocasión del pliego de cargos formulado por la DIAN
De acuerdo con el informe publicado el 31 de octubre del año en curso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–, la tasa de desempleo para el mes de septiembre se ubicó en 8,5%.
En líneas generales, la Sala consideró que el joven requería una educación especializada. Por lo tanto, ordenó “se preste el servicio de educación especial al menor y se brinden las condiciones necesarias para el acceso al mismo, esto es, el pago del servicio de transporte de ser necesario y los materiales de trabajo en clase sean necesarios para garantizar de manera integral y completa su derecho fundamental a la educación
Al no existir prueba demostrativa que justifique el actuar reprochable del togado investigado y ante la ausencia de causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, la Sala confirmará la sentencia sancionatoria.